Por: Armando Valera Benito
Presidente del Consejo Baker Tilly México

Recientemente se ha creado una Red de Instituciones tanto de la Sociedad Civil como Públicas y Universidades  con el objeto de promover el establecimiento de una Política de Rendición  de Cuentas en nuestro país.

Si bien es cierto que en los últimos 10 años se ha avanzado significativamente en esta materia, los esfuerzos realizados y los distintos mecanismos implementados para el logro de esta función se han visto dispersados en distintas leyes y no están alineadas en una misma dirección.

Es necesario que desde el propio texto constitucional se establezca la obligación del Gobierno Federal  de implementar una Política de Rendición de Cuentas  y de Evaluación del Desempeño en el ejercicio del Gasto Público.

Actualmente se cuenta con una Ley de Contabilidad Gubernamental y con otra de Acceso a la Información, las cuales han representado un importante  avance en este tema. No obstante la Rendición de Cuentas va mucho más allá y es necesario promulgar una ley específica de la Rendición de Cuentas Públicas y otra que reglamente la Evaluación del Desempeño en la aplicación de los recursos públicos, para el cumplimiento de las metas establecidas en los Planes de Desarrollo y en los Programas Sociales que los conforman.